Santo Domingo, RD.- El juez de la Suprema Corte de Justicia, Frank Soto, dijo que el ministerio público en algunos casos debe hablar menos y hacer más, al referirse al caso Víctor Díaz Rúa, quien es acusado de corrupción mientras estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas.
Dijo que el ministerio público después de mucho investigar decide intervenir las cuentas del exfuncionario y que él se enteró días después a través de los medios de comunicación.
Calificó la acción de ilegal, lo que obligó a sus abogados a interponer una petición de anulación del proceso, lo que fue acogido por el tribunal y ratificado en la Suprema Corte de Justicia.
“Porque esos bienes son de él y esos bienes afectan su patrimonio y eso es ilegal”, dijo el magistrado Soto cuando era entrevistado por el Consejo Nacional de la Magistratura.
“Hay que hablar menos y hacer más y la Fiscalía y la Procuraduría de ese entonces hablaba mucho, no atendía a los detalles y ahí está la consecuencia”, enfatizó.
Dijo que los fiscales tienen que tener todos los detalles a manos, porque son procesos que no son sencillos ni del día a día.
Activismo político
Al referirse al activismo político, Soto explicó que desde el 2009 cuando fue designado como fiscal de carrera envió una carta a la Secretaría del PLD pidiéndole que lo retiraran del padrón de ese partido, porque ya había asumido otro rol en la sociedad.
“Nadie puede decir que mi oficina es una oficina del Comité Político del PLD o de un comité de base. Nadie puede decir que yo llevé allí la política, llegué y asumí mi rol”, dijo.
Dijo que el sistema de administración de justicia en los últimos siete años en el país ha sido exitoso, pero que a la gente es difícil de complacer.
Dijo que el ministerio público después de mucho investigar decide intervenir las cuentas del exfuncionario y que él se enteró días después a través de los medios de comunicación.
Calificó la acción de ilegal, lo que obligó a sus abogados a interponer una petición de anulación del proceso, lo que fue acogido por el tribunal y ratificado en la Suprema Corte de Justicia.
“Porque esos bienes son de él y esos bienes afectan su patrimonio y eso es ilegal”, dijo el magistrado Soto cuando era entrevistado por el Consejo Nacional de la Magistratura.
“Hay que hablar menos y hacer más y la Fiscalía y la Procuraduría de ese entonces hablaba mucho, no atendía a los detalles y ahí está la consecuencia”, enfatizó.
Dijo que los fiscales tienen que tener todos los detalles a manos, porque son procesos que no son sencillos ni del día a día.
Activismo político
Al referirse al activismo político, Soto explicó que desde el 2009 cuando fue designado como fiscal de carrera envió una carta a la Secretaría del PLD pidiéndole que lo retiraran del padrón de ese partido, porque ya había asumido otro rol en la sociedad.
“Nadie puede decir que mi oficina es una oficina del Comité Político del PLD o de un comité de base. Nadie puede decir que yo llevé allí la política, llegué y asumí mi rol”, dijo.
Dijo que el sistema de administración de justicia en los últimos siete años en el país ha sido exitoso, pero que a la gente es difícil de complacer.
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